26.7.05

Pasajes modulares: el derecho a la propiedad del cuerpo

El derecho a la propiedad privada es un derecho en el cual se puede incluir como propiedad al cuerpo. Este derecho particular es un derecho en el que cada individuo tiene la responsabilidad sobre su propia persona: implica que su cuerpo es de su propiedad, lo que es decir que su cuerpo pertenece a su dominio y que nadie más tiene ese derecho de pertenencia. Para Thomas Szasz, el hombre tiene inherentemente derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Para poder ejercer estos derechos con plena libertad y autonomía, el individuo tiene que ser considerado por demás como un adulto auto-disciplinado: tiene que ser considerado el titular de un derecho que precede a todos sus derechos políticos. Este derecho es el derecho a la propiedad del cuerpo.

Como se puede sospechar, este derecho peculiar es un derecho del cual se desprenden múltiples cuestiones de tipo terapéutico y médico, sobretodo en cuanto a la ingestión de drogas refiere. Szasz nos hace contemplar esta auto-propiedad corporal como una cuestión política que nos remite sin más a nuestro derecho a las drogas. En ese sentido, tanto el cuerpo como la droga deben ser reconocidos como propiedades, a la vez que la producción, el comercio y el uso de drogas deben ser considerados derechos sobre propiedades. Szasz expone la cuestión del derecho a la propiedad del cuerpo apelando a esa autoridad política que supuestamente pertenece al individuo como ciudadano.



Más allá del discurso terapéutico, el ciudadano no tiene en realidad una autoridad política sobre su cuerpo. La política prohibicionista sobre las drogas constituye un despojo a los derechos constitucionales básicos que cada individuo tiene como ciudadano. Al reconocer que las drogas son una propiedad cuya responsabilidad es susceptible de ser atribuida al individuo, Szasz descubre un derecho que le ha sido suprimido de antemano. De tal manera, el Estado monopoliza la práctica curativa porque los agentes del Estado terapéutico despojan sistemáticamente al individuo de este peculiar derecho: hacen del individuo un potencial paciente. Por lo tanto, más allá de los conflictos legales acerca del consumo de sustancias, las prácticas toxicómanas y adictivas son fenómenos sociales resultado de este despojo.



En efecto: si la política del Estado ha despojado al individuo del derecho a la propiedad de su cuerpo, entonces el derecho al cuidado de sí se presenta igualmente suprimido o reprimido. De tal modo que el exceso y la compulsión consumista nacen de la supresión de la experiencia relacionada con el cuidado íntimo de sí. Esto es decir que las prácticas toxicómanas y adictivas son una consecuencia política nacida de la supresión del derecho al conocimiento de sí, y este conocimiento es un derecho que cada individuo es susceptible de tener respecto al saber-hacer de su cuerpo. De tal modo, las condiciones dadas entre el espacio dominado por el individuo y la gestión pública del Estado, no pueden más que manifestar un estrechamiento del espacio que domina el individuo. Este estrechamiento surge por el correlativo ensanchamiento del espacio efectivo que procura la gestión pública, y significa que la política del Estado instaura un ámbito simbólico donde los derechos de propiedad de cuerpo son negados o violentados sistemáticamente por el Estado terapéutico. De tal forma, los discursos que defienden al individuo contra los abusos específicos de la autoridad médica o clínica, son discursos plena y meramente oficiosos que inherentemente instituyen relaciones de poder forjadas en detrimento del espacio íntimo del individuo.



Si la política de Estado estrecha el espacio de dominio íntimo del individuo, si monopoliza las prácticas curativas o médicas, o si se presenta como un gran sistema de asistencia social, es porque la acción de la gestión pública y del consumismo significa sin más una transgresión estratégica que interfiere el espacio vital del individuo. Esta transgresión pisotea ese espacio autónomo del cuerpo y está fundada en el despojo sistemático del derecho a su propiedad. Este despojo surge desde el momento en que la relación de fuerzas y los modos de sujeción incorporan en y para la percepción del sujeto, disposiciones ligadas a la política de control y a la normalización policial de la existencia.


De tal modo, para comprender la transgresión política del cuerpo y la interferencia al espacio vital del individuo, hay que establecer una serie de rompimientos con las prenociones relativas a lo que hasta hoy se conoce como “derechos humanos”. Estas prenociones están sostenidas por un contrato que hace creer que los derechos del hombre son universales, igualitarios e inalienables. Sin embargo, estas prenociones no sólo cancelan la posibilidad de experimentar la singularidad que permite reconocer aquello que hace especial y diferente a cada ser humano, sino que además justifican el despojo oficial que el Estado terapéutico hace del cuerpo del individuo y de su experiencia. Paradójicamente, también estas prenociones remiten a los derechos que cada persona tiene por el simple hecho de ser humano: se presentan como derechos que el individuo tiene para defenderse del Estado y de la sociedad.



No obstante, a luz de lo que implica el despojo del derecho a la propiedad de nuestro cuerpo, los “derechos humanos” hacen de la individualidad una trampa de civilidad que no deja de constituir un marco para la organización política del Estado: tampoco dejan de configurar un dispositivo policial que oficializa la legitimidad normalizante de la autoridad clínica. Los derechos humanos son derechos cuyo contrato sólo fortalece la soberanía del Estado: en realidad no le pertenecen al individuo, ni de hecho ni de derecho, sino que alimentan la soberbia oficial de las autoridades públicas.



El derecho a la propiedad del cuerpo clama por revindicar ese espacio autónomo que pertenece al individuo, clama por ese espacio interno que da sentido a la experiencia de su intimidad, y que le permite ejercer la potencia de lo que su cuerpo puede. Ese espacio es el lugar del conocimiento de sí que al individuo le ha sido despojado históricamente: este despojo está en función de un pacto de civilidad que oprime su existencia. Siguiendo a Szasz, el derecho a la propiedad del cuerpo es la piedra de toque que abre la posibilidad de una revolución política de la experiencia.



Mayo 2001

(actualizado para Filum ©®™)